La Ministra del Tribunal Constitucional (TC) de Chile, Nancy Yáñez Fuenzalida, participó entre el 12 y el 14 de mayo en la XVI Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (CIJC), realizada en Brasilia, instancia que reunió a representantes de Tribunales y Cortes Constitucionales de distintos países de la región para dialogar sobre los principales desafíos de la justicia constitucional y la democracia.
La conferencia internacional fue inaugurada por el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Ministro Edson Fachin y por el Magistrado de la Corte Constitucional de España, Enrique Arnaldo Alcubilla, que presidió la conferencia. También participaron instituciones como la Comisión de Venecia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur.
Organizado bajo el lema “Justicia Constitucional y Democracia”, el evento contempló diversas sesiones temáticas sobre derechos humanos, independencia judicial, nuevas tecnologías y justicia climática. En este contexto, la Ministra Yáñez intervino en la cuarta sesión del encuentro, denominada “Justicia climática y derechos de la naturaleza”, junto a la Presidenta de la Corte Constitucional Plurinacional de Bolivia, Paola Prudencio Candia; y la Magistrada de la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de Honduras, Sonia Dubón Villeda.
Durante su exposición, la jueza chilena abordó la evolución de la jurisprudencia ambiental de este Tribunal Constitucional, destacando cómo la judicatura constitucional ha desarrollado criterios orientados a resguardar el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza, establecido en el artículo 19 N°8 de la Constitución.
En esa línea, se refirió a distintos pronunciamientos del Tribunal vinculados a protección ambiental y cambio climático, entre ellos causas relacionadas con humedales urbanos, biodiversidad y planificación ambiental. La Ministra Yáñez explicó que, en dichas sentencias, el Tribunal ha reconocido principios preventivos y precautorios como elementos relevantes dentro del denominado “orden público ambiental”, enfatizando el deber estatal de adoptar medidas de resguardo frente a riesgos ambientales.
Asimismo, destacó fallos relativos a la institucionalidad climática y a la protección de ecosistemas, señalando que la jurisprudencia constitucional chilena ha debido abordar materias asociadas al equilibrio entre protección ambiental, seguridad jurídica y derechos fundamentales. En particular, mencionó decisiones vinculadas a la Ley Marco de Cambio Climático y al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en las que se analizaron competencias estatales, acceso a la información ambiental y mecanismos de control jurisdiccional.
En específico la Ministra Yáñez declaró que “el TC ha establecido que existe un deber estatal de tutelar la preservación de la naturaleza (Art. 19 N° 8), el cual es un imperativo y mandato directo para todos los órganos del Estado. El TC ha pasado de un control formal a ser un actor clave en la configuración de un Estado Medioambiental de Derecho». En su presentación, se refirió a algunas sentencias, tales como: Rol 9418-20 (Caso Ancud), Rol 13193-22 y Rol 13626-22 (Humedales Urbanos), y Rol 14480-23 (Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas – SBAP).
La exposición también abordó debates constitucionales contemporáneos sobre desarrollo sostenible y eficiencia administrativa, especialmente en materias relacionadas con autorizaciones sectoriales y regulación ambiental. En este contexto, la Ministra Yáñez señaló que uno de los principales desafíos actuales consiste en armonizar la protección de la naturaleza y la respuesta frente a la crisis climática con el respeto al debido proceso, la proporcionalidad y la certeza jurídica.
Durante la cita internacional, representantes de los distintos Tribunales Constitucionales iberoamericanos abordaron los desafíos actuales de la democracia constitucional, intercambiando experiencias y reflexiones sobre fortalecimiento institucional, protección de derechos fundamentales y el impacto de fenómenos globales, como el cambio climático y las nuevas tecnologías, en la administración de justicia.
